Colombia: El Presupuesto General de la Nación en el Pos-Acuerdo una farsa para los movimientos y sec
En los últimos días nos hemos encontrado con la publicación del proyecto de Presupuesto General de la Nación -de aquí en adelante PGN- para el año 2018 en Colombia, el primer presupuesto en la era del pos-acuerdo en el país, que nos devela los intereses del gobierno nacional y por ende el verdadero compromiso en la construcción de una sociedad más justa para con la sociedad colombiana; una sociedad que en los últimos meses ha estado dinamizada por múltiples manifestaciones que van desde las demandas de los indígenas por la autonomía y la autogestión de sus territorios, pasando por las consultas populares lideradas por comunidades empoderadas en la defensa de sus ecosistemas, hasta las reivindicaciones de sectores como el de la educación encabezado por los maestros en el país.
Introducción
Algunas de estas manifestaciones han sido tratadas con acuerdos firmados por el gobierno llegando a diferentes compromisos, los cuales muchas veces parten del aumento de los frágiles presupuestos sectoriales. Pero, es oportuno evidenciar que diferentes reivindicaciones totalmente justas como la vinculatoriedad de las consultas populares antiextractivas, el respeto a las comunidades indígenas y sus territorios, hasta las múltiples reivindicaciones salariales y presupuestales en el país, han sido -y varias siguen siendo estigmatizadas y violentadas- con el fin de acallar e invisibilizar sus demandas.
Transferencia presupuestal desde los derechos de los colombianos hacia el gran capital
En los últimos años hemos observado el incremento de la violencia estructural utilizada por el gobierno de Colombia por medio de la reducción de los presupuestos destinados a los derechos sociales, culturales y económicos de la sociedad, que son transferidos en su parcialidad al pago del servicio de la deuda pública, una deuda histórica que ha subordinado la política colombiana desde su gestación en los albores del siglo XIX y que ha sido implementada por un gobierno a favor de las multinacionales y trasnacionales sobre las comunidades y la naturaleza.
La dictadura impuesta por las Instituciones Financieras Internacionales a los presupuestos públicos bajo argumentos de sostenibilidad y regla fiscal, entre otros mecanismos normativos, han conllevado a una desfinanciación extrema de sectores neurálgicos como la salud, educación y protección social, entre otros; conllevando a la mercantilización de los derechos fundamentales con el fin de generar nuevos mercados con el objetivo de acumular capital y por ende imponer por medio del despojo de las conquistas sociales mayores tasas de opresión y explotación a la sociedad colombiana.
Sin un adecuado presupuesto que se fundamente en la participación de las comunidades y sus exigencias no se podrá consolidar verdaderamente una justicia social en el país y mucho menos una justicia ambiental, por lo cual es importante observar las asignaciones presupuestales, que nos permitirán evidenciar los verdaderos compromisos de consolidar el posacuerdo y cumplir los diferentes compromisos gubernamentales.
El PGN para el año 2018 en Colombia tan solo creció con referencia al año anterior en uno por ciento, lo que indica la continuidad de la desaceleración de la economía colombiana debido a la caída de los precios de las materias primas y la irracional idea de fundamentar los ingresos económicos en el aumento de la explotación de los recursos naturales como fuente de recuperar lo perdido por los bajos precios de las materias primas “Commodities”
Si esto no fuera poco, el gobierno en manos de “[…] el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó esta tarde el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2018, que ascenderá a 235,6 billones de pesos. Se trata de un presupuesto muy austero, donde la gran sacrificada será la inversión pública que, de una partida de 41,2 billones de pasos en el 2017, cae a 34,3 billones” (Semana, 2017). La anterior cita nos ratifica como el gobierno prioriza la reducción presupuestal en la inversión, preferenciando el pago del servicio de la deuda pública como se puede observar en las siguientes ilustraciones:
Ilustración 1 Presupuesto General de la Nación 2018 ($ billones) |1|
Ilustración 2 Presupuesto General de la Nación por sectores para el año 2018 en miles de millones |2|
La anterior ilustración nos evidencia una reducción presupuestal en los sectores que encarnan los derechos de los colombianos como son: i) el presupuesto de ambiente y desarrollo sostenible que pasa de 755 a 564 miles de millones de pesos; ii) el presupuesto de cultura que pasa de 408 a 352 miles de millones de pesos; iii) el presupuesto de deporte y recreación que pasa de 587 a 221 y; iv) el presupuesto de Justicia y del derecho que pasa de 3.139 a 2.609 miles de millones de pesos, entre otros.
En este mismo sentido podemos observar el caballo de Troya comunicacional que implementa el gobierno en este su primer PGN tras el acuerdo con la guerrilla de las FARC-EP, que parte del aumento de los recursos del posconflicto en 575 mil millones de pesos, con lo cual el gobierno pretende hacer ver que existe un compromiso férreo con lo acordado entre las partes y un compromiso con la sociedad en lo tonante de la justicia social.
Esto tan solo es publicidad puesto que si contamos las reducciones en otras áreas semejantes como por ejemplo el presupuesto de Inclusión social y reconciliación que constata una reducción de 2.062 mil millones de pesos, aproximadamente 4 veces más que el aumento para el posconflicto dirigido y enarbolado por los medios de comunicación y en las redes sociales con el fin de generar una aceptación y legitimidad en la sociedad.
Este presupuesto nos demuestra la precariedad presupuestal en Colombia, anudado con la mínima intención del gobierno en consolidar un país más digno para con su sociedad en el contexto del posacuerdo y mucho menos en cumplir algunos acuerdos con las FARC-EP.
Gráfica 1 Paralelo del PGN entre el año 2017 y 2018 en miles de millones de pesos. |3|
“El Gobierno llevó al Congreso un presupuesto general por $235,6 billones, en el que se destaca un recorte de la inversión en momentos en que se requiere dar impulso a la economía, que sigue frenada. La preocupación es si este monto es suficiente para cumplir la regla fiscal; de lo contrario, se va a necesitar un recorte mucho más drástico”(Sáenz, 2017)
Aunque insistimos que el crecimiento del PGN para el 2018 es bajo debido a la crisis fiscal devenida por la dependencia al gran peso de la exportación de un producto como es el petróleo en los ingresos estatales el cual se ha depreciado en aproximadamente en un 60% desde el año 2013, es evidente que la distribución del mismo es un total despropósito, puesto que aproximadamente una cuarta parte del PGN es absorbido por el servicio de la deuda pública, que pasa de 50.535 a 51.251 mil millones de pesos entre 2017 y 2018 respectivamente.
Esto mientras que derechos consagrados en la constitución y con deber de progresividad se encuentran alrededor del 15% como es el presupuesto de educación, el cual pasa de 35.436 a 35.394 miles de millones de pesos entre 2017 y 2018, mientras que la Salud y Protección social tan solo se encuentra en aproximadamente un 10% -es decir que la salud y la protección social diferenciado y divididos tan solo se le transfiere un 5% del presupuesto total- pasando de 23.301 a 24.671 mil millones de pesos, entre 2017 y 2018.
Es evidente que no existe una transformación en los temas estructurales en Colombia, puesto que las desigualdades se verán reproducidas debido a las bajas asignaciones presupuestales para los derechos de los colombianos, que conllevarán a la pauperización de la prestación de servicios como la salud, la educación y la protección social, transitando hacia la desfinanciación y a la postre a la mercantilización de las mismas o a la instrumentalización de las entidades públicas como fuente de legitimidad de las empresas multinacionales o transnacionales, las cuales al mismo tiempo que imponen unos parámetros de beneficio económico incluso por medio de la mixtura entre estas entidades públicas y privadas se transfiere recursos desde los entes públicos hacia los entes privados evidenciando un desangre aún mayor.
Trampa a los acuerdos gubernamentales con los movimientos y sectores sociopolíticos
En los últimos meses hemos observado un aumento exponencial en las movilizaciones sociopolíticas en el país, un ejemplo de estas movilizaciones es el gran paro cívico en la región del pacífico colombiano desde el 9 de mayo hasta el pasado 27 de mayo, en donde la sociedad de los departamentos del Chocó y el Puerto de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca inmovilizaron gran parte del territorio, por medio del bloqueo de las vías principales de acceso y las continuas movilizaciones e interrupciones informativas de las reivindicaciones del paro cívico.
Las demandas de este paro no pueden ser más justas, dentro de ellas encontramos las siguientes: en primer lugar, se exigió al gobierno nacional la implementación de los servicios públicos como agua potable, alcantarillado y servicio de luz, entre otros. El segundo punto estuvo enfocado en la financiación por parte del Estado de los Derechos sociales como: i) El Derecho a la movilidad con una mayor y mejor infraestructura en el territorio; y, ii) El Derecho a la salud y a la Educación con una mayor financiación del sistema público, entre otras reivindicaciones democráticas; y iii) el último punto es la anexión de algunos departamentos en litigio entre el departamento del Choco y el departamento de Antioquia como Belén de Bajira, argumentando la pertenencia de la comunidad al departamento y a la cultura chocoana.
Tras 18 días en paro las comunidades lograron una negociación con el Gobierno nacional, aunque este último mantuvo su reticencia a cualquier negociación con la población argumentando una latente crisis fiscal. Esta negociación llevó a una mesa permanente entre el gobierno y los líderes sociales con el fin de mantener una auditoria a los compromisos pactados que son: i) mayor financiamiento de los derechos fundamentales y la prestación de los servicios públicos; ii) políticas publicas dirigidas hacia la juventud y tercera edad como mayor promoción de un trabajo digno para la población; iii) propuesta de una mayor intervención en el sistema general de participación.
Aunque celebramos la justa victoria de las comunidades del Choco y Buenaventura, observamos con preocupación la forma con la cual el Gobierno Nacional atendió las demandas de estas comunidades, puesto que generó una mayor tasa de endeudamiento tanto multilateral como privada, como un ejemplo tenemos el empréstito de 350 millones de Dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, y se piensa hacer una reconversión del sistema general de participación lo cual puede ocasionar la desfinanciación de otros sectores y/o derechos, transfiriendo las cargas desde el estado nacional a los departamentos.
El Paro de los maestros, estuvo dirigido por FECODE el mayor sindicato de maestros en el país. Este como el paro cívico del pacifico, mantuvo grandes tasas de legitimidad y aceptación por parte de la población colombiana, aunque los medios de comunicación ejercieron una gran violencia mediática en contra de estas movilizaciones tratando de estigmatizarla y deslegitimarla.
Este paro tenía como exigencias por un lado el aumento salarial, la prestación efectiva de la salud y la protección social a los profesores en el país, y por otro lado, se exigía el aumento presupuestal al servicio de la educación pública con el fin de garantizar una educación totalmente gratuita y de alta calidad, entre otras demandas.
Este paro duró aproximadamente un mes y representó el bloqueo de varias vías importantes en Bogotá como fórmula de choque ante la negativa del gobierno a la negociación con este sector.
Al final el gobierno cedió debido a la alta tasa de legitimidad del paro de los maestros y el aumento exponencial de las vías de hecho, acompañada por estudiantes y padres de familia.
En este paro se logró: i) la propuesta de mesas de trabajo con el fin de generar un aumento de los salarios de los maestros; ii) una mayor financiación de la salud para este sector y;iii) la participación activa en el sistema general de participación, entre otros compromisos.
Como en el anterior paro el Gobierno mantiene la idea en primer lugar de frenar los paros por la vía de la estigmatización coercitiva y coactiva, en segundo lugar, debido al alto apoyo de estas reivindicaciones el gobierno cede, pero mantiene la restricción de presupuesto directo e insta a la lucha por un bajo presupuesto entre sectores y la transferencia de las obligaciones nacionales a las regionales.
Tras las políticas de desarrollo de los últimos gobiernos y la herencia de la dependencia económica, que sumió al país en el extractivismo como fuente principal y primordial de los recursos fiscales. El país ha vivido la destrucción de la naturaleza, a escalas nunca antes vista con repercusiones directas para las comunidades tanto en el tema laboral como espacial y relacional.
Esto ha llevado a diferentes comunidades empoderadas y consientes de la destrucción del extractivismo a generar mecanismos como las consultas populares y los acuerdos municipales con lo cual prohibir la explotación en sus territorios y la construcción activa de una nueva economía mucho más sustentable y sostenible.
Aunque estas consultas están amparadas por la legislación colombiana, el Gobierno en cabeza de sus ministros han generado una lucha directa tanto legal como mediática con el fin de acabar con las consultas populares y por ende la democracia en el país, argumentando que el desarrollo del país no se puede detener debido al capricho de unas cuantas personas y que la economía y el país no se puede dar el lujo de dejar de explotar los recursos naturales por culturas pre modernas.
Las anteriores son algunas de las reinvindicaciones que sean movilizado por el respeto a sus demandas y que encarnan una exigencia muchas veces implícita, que es el aumento del presupuesto para dichos sectores y/o comunidades o el respeto de la decisión autónoma de las comunidades que afectan directamente la matriz de la económica dependiente y completamente extractiva como es el caso de las consultas populares, las cuales son atacadas por el gobierno indiscriminadamente a través de los medios de masivos de comunicación, las fuerzas represivas y en las posibles transformaciones normativas basadas en el superávit primario y en la sostenibilidad fiscal.
Es necesario por ende generar una articulación de los procesos de resistencias territoriales, movimientos sectoriales, entre otros sujetos políticos en el país, que se piensen la aniquilación de la legislación neoliberal como puente hacia la construcción de un devenir a la altura de nuestros sueños. Por lo cual invitamos al encuentro del próximo 15 y 16 septiembre en el departamento del Huila en la universidad Surcolombiana, donde se comenzará a tejer un contrapoder entre todos y todas y se plantee las exigencias y demandas articuladas con el fin de atacar el verdadero enemigo y por fin construir una solidaridad y fraternidad entre los luchadores y luchadoras por un país más digno.
Como se ha observado en Colombia son múltiples los conflictos sociales, territoriales y sectoriales que en el momento del posacuerdo siguen vigentes, observar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, cuyo nombre lo dice todo “Ajuste exitoso, repunte en marcha” da visos de un futuro con un recrudecimiento de estos conflictos originados por la violencia estructural de nuestro país. Hasta el momento deportistas y algunos académicos han alzado su voz de protesta en contra de estos recortes presupuestales, pero es hora de que como ciudadanía exijamos el respeto de nuestros derechos fundamentales, como la salud y la educación, y de los acuerdos alcanzados por las justas movilizaciones.
Bibliografía
Ministerio de Hacienda y de Crédito Público. (2017). Presupuesto General de la Nación 2018: Ajuste exitoso, repunte en marcha. Bogotá. Recuperado el 20 de agosto de 2017, de http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-087867%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
Sáenz, J. (31 de Julio de 2017). Presupuesto de 2018, con alto gasto y poca inversión. Obtenido de El espectador: http://www.elespectador.com/economia/presupuesto-de-2018-con-alto-gasto-y-poca-inversion-articulo-705897
Semana. (28 de Julio de 2017). Gobierno presenta presupuesto de 235,6 billones de pesos para el 2018. Obtenido de Redaccion semana: http://www.semana.com/nacion/articulo/gobierno-presenta-presupuesto-de-2356-billones-de-pesos-para-el-2018/534139
Notas
|1| Extraída de: (Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, 2017, pág. 9)
|2| Tabla extraída de (Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, 2017, pág. 10)
|3| Gráfica propia elaborada a partir de (Sáenz, 2017)
