Carta de las organizaciones de la sociedad civil colombiana y de la Mesa de Trabajo sobre la polític

Carta de las organizaciones de la sociedad civil colombiana y de la Mesa de Trabajo sobre la política pública de Empresas y Derechos Humanos al Gobierno colombiano para que apoye el proceso de negociación del instrumento internacional de carácter vinculante para el control de las Empresas Transnacionales y otras empresas

Las organizaciones de la sociedad civil colombiana abajo firmantes y la Mesa de Trabajo sobre la Política Pública de Empresas y Derechos Humanos en Colombia, queremos, a través de esta carta, instar al Gobierno colombiano a participar activamente en el Tercer periodo de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales y otras Empresas con respecto a los Derechos Humanos, y a apoyar el avance de las negociaciones de un instrumento internacional de carácter vinculante para asegurar la protección de los derechos humanos frente a las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas.

Somos conscientes que hasta ahora el Gobierno colombiano le ha apostado al abordaje de esta cuestión con mecanismos como el Plan Nacional de Acción, que a nuestro criterio sigue siendo un instrumento blando que no ofrece respuesta a la crisis de derechos humanos que se vive en los territorios colombianos donde operan grandes empresas, ni ofrece garantías reales a las víctimas afectadas por dicha operación empresarial, y que tampoco ofrece ningún avance en resolver los evidentes desequilibrios entre la protección a las inversiones (en el ordenamiento nacional e internacional) y la desprotección de las comunidades eventualmente afectadas.

La flexibilidad y benevolencia con que se sigue tratando a las empresas que operan en territorio colombiano a través de esta política pública sobre EYDH, basada en principios rectores de Naciones Unidas y en la promoción de los códigos voluntarios de conducta, contrasta fuertemente con la situación que está afrontando el mismo Gobierno colombiano, al tener que enfrentar numerosas y cuantiosas demandas por parte de grandes empresas |1| que, lejos de respetar las leyes y la jurisdicción nacional, se sirven de los mecanismos de protección de inversiones para cuestionar la soberanía del Estado en lo que tiene que ver con las decisiones acerca de la gestión de sus recursos naturales o del ordenamiento de sus territorios, o incluso en lo relativo al uso de los mecanismos disponibles para el control fiscal. |2|

Por ello, consideramos que esta tercera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental, que se llevará a cabo en Ginebra entre el 23 y 27 de octubre, es una oportunidad imperdible para que el Gobierno colombiano apoye con total convencimiento el avance de las negociaciones de un Tratado Internacional, que precisamente dote de herramientas a las comunidades para un acceso efectivo a la justicia frente a las afectaciones derivadas de la operación empresarial en los territorios, y dote también de herramientas al Estado para garantizar el cabal respeto de los Derechos Humanos de las comunidades afectadas, así como para defenderse frente a la ofensiva empresarial en materia de demandas, que pone en entredicho la estabilidad del país tanto a nivel fiscal como a nivel socioeconómico.

En las sesiones de los pasados años 2015 y 2016 se exploró la naturaleza, alcance y elementos que podrían ser incluidos en un instrumento jurídicamente vinculante sobre corporaciones transnacionales y otras empresas con relación a los derechos humanos. Este año 2017 se espera iniciar la negociación de los contenidos y profundizar en la cuestión del alcance de este nuevo instrumento. La sesión de este año es crucial para asegurar que este importante proceso siga avanzando en el seno de las Naciones Unidas, para lograr extender la comprensión y apoyos por parte de más Estados y actores interesados.

Sigue siendo patente el compromiso y entrega de gran cantidad de organizaciones y movimientos sociales a nivel mundial con este proceso. Su labor de incidencia constante y constructiva, así como con sus acciones de permanente movilización y su participación y acompañamiento a las deliberaciones en las Naciones Unidas, han jugado un papel clave para respaldar el proceso y mostrar la relevancia de alcanzar un instrumento internacional que contribuya a esa lucha por justicia social y los derechos humanos en el mundo. Desde nuestras organizaciones y desde la Mesa de Trabajo sobre la Política Pública de Empresa y Derechos en Colombia, ratificamos nuestro interés y compromiso con este proceso.

Por ello, insistimos en la imperiosa necesidad de que el Gobierno colombiano atienda a este llamado y, principalmente a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, y también a través de la Cancillería y su delegación especial en Ginebra, dé un paso adelante y se comprometa en el avance hacia un Tratado Internacional de carácter vinculante para el control de las empresas transnacionales y otras empresas. Ésta sería una gran muestra de voluntad en su compromiso con atender de una forma real y genuina la crisis de Derechos Humanos que se registra en los territorios afectados por la operación empresarial, y superar por fin los débiles estándares que ofrecen los códigos de conducta voluntarios o el actual Plan Nacional de Acción.

Organizaciones firmantes:

1. Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo – ASOQUIMBO 2. Asociación MINGA 3. CADTM Colombia 4. Centro de Estudios Rurales, Ambientales y Apoyo Legal – CERAL 5. Centro de Estudios para la Justicia Social TIERRA DIGNA 6. Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP 7. CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia 8. Comisión Colombiana de Juristas – CCJ 9. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 10. Comité Ambiental en Defensa de la Vida 11. Consejo Comunitario de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato – COCOMOPOCA 12. Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Tabaco 13. Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR 14. Corporación Grupo Semillas 15. Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS 16. Corporación SISMA Mujer 17. Corporación SOS Ambiental 18. Corporación Yareguíes 19. FIAN Colombia 20. Fundación Gaia Amazonas 21. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 22. Grupo Derecho y Política Ambiental - Universidad Nacional de Colombia 23. Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio – GEAM 24. Grupo de Investigación Ciencia de la Información, Sociedad y Cultura – Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana 25. Grupo de Investigación Grupo de Estudio Economía Digna - GEED 26. Observatorio de Conflictos Ambientales - Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia 27. Observatorio de Expansión Minero energética y Re-existencias – OMER 28. Periferia Prensa Alternativa 29. Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio – PDPMM 30. Red Departamental de Mujeres Chocoanas 31. Red por la Justicia Ambiental

Con apoyo de:

1. Alirio Uribe Muñoz – Miembro de la Cámara de Representantes por Bogotá del Congreso de la República de Colombia

2. José Aristizábal García – Investigador Social

3. Mariana Gómez Soto - Coordinadora regional para América Latina de la Red de Solidaridad Global Sí a la Vida, No a la Minería (YLNM)

4. Natalia Orduz Salinas – Investigadora Social

5. Rosario Rojas Robles – Investigadora del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) - Universidad Nacional de Colombia

6. Víctor Javier Correa Vélez – Miembro de la Cámara de Representantes por Antioquia del Congreso de la República de Colombia

Notas

|1| Actualmente Colombia cuenta con 6 demandas en contra, de las cuales cinco pertenecen al sector primario, específicamente al sector extractivo. Tan solo desde 2016, las demandas que se suman contra Colombia ascienden a un total de US $23.500.000.000 (veintitrés mil quinientos millones de dólares), es decir: 20 billones de pesos más, de lo que costaría todo el plan vial 4G.

|2| Algunos casos destacables: Tobie Mining Inc. con su filial Cosigo Resources (amparado en el TLC con Estados Unidos): Demanda por 16.500 millones de dólares como indemnización. El Apaporis fue declarado parque natural y dos días después fue otorgado título minero en la zona. Por solicitud expresa de la Procuraduría se retira título minero y la empresa procede a interponer demanda contra el Estado colombiano. Eco Oro Minerals: demanda por 300 millones de dólares. A raíz de la movilización social y de la sentencia de prohibición de minería en páramos, no se le otorgó licencia ambiental a esta empresa. Amparados por el Tratado bilateral con Canadá, la empresa interpone demanda. Prodeco (Glencore): demanda por 16.500 millones de dólares. La empresa negoció con el entonces Ministro de energía Hernán Martínez para que se descontaran mil millones de dólares en regalías, generando afectación social, cultural, ambiental, además de detrimento patrimonial. Tanto la empresa como el Ministerio fueron sancionados por la Contraloría por esta acción. La empresa responde con una demanda contra el Estado colombiano.

#EmpresasyDerechosHumanos #TratadoVinculante