La Auditoria Integral de la Deuda Pública en Colombia como fuente de soberanía alimentaria
La propuesta de introducción del parágrafo del artículo 29 de la Ley Anual de Presupuesto desde el Representante a la Cámara Alirio Uribe, responde a un trabajo de más de 10 años que se ha hecho con la Plataforma Ciudadana “En Deuda con los Derechos” en donde hemos convergido diferentes organizaciones sociales y políticas y grupos de investigación, en virtud de impulsar una auditoria de la deuda con participación ciudadana como una forma de empoderamiento de la sociedad. Pues la definición de las partidas presupuestales y prioridades deben estar en cabeza de la comunidad y no de entes burocráticos que responden a las dinámicas neoliberales e individualistas del sistema imperante.
Introducción
La deuda pública en Colombia se ha manifestado desde los albores de la Republica de Colombia, a principios del siglo XIX. Estos primeros empréstitos fueron dirigidos a forjar la independencia con respecto al Imperio Español, fundamentado en la necesidad del pago de las deudas contratadas, ocasionando la transferencia de la dominación físico-militar del Imperio Español hacia la dominación económico-estructural del Imperio Británico. (Galindo & Gómez , 2016)
En el desarrollo de la República, hasta nuestros días, hemos evidenciado como el pago de la deuda pública ha configurado un Estado autoritario y oligárquico alrededor de la perpetuación de relaciones de despojo, opresión y explotación social, jalonadas por la necesidad de suscitar recursos fiscales con el fin de mantener el pago del servicio de la deuda pública y por ende conservar los engranajes de la división internacional del trabajo del sistema imperante. (Galindo & Gómez, 2015)
Es por esto que se hace necesario evidenciar los lazos estructurales de la dominación sistémica a partir de la deuda pública, por medio de una auditoría integral de la misma integrada por diferentes estamentos sociales como la comunidad en general, los pueblos étnicos, académicos, entes de control y, movimientos sociales y políticos, entre otros actores que pueden visibilizar los impactos odiosos, ilegales e ilegítimos derivados de la deuda publica en el país.
Bajo esta necesidad imperante del pueblo colombiano, debemos constatar el papel preponderante del representante a la cámara Alirio Uribe Muñoz, quien ha integrado la pugna por una auditoria de la deuda pública en Colombia como fuente de transferencia de los recursos destinados al servicio de la deuda pública -que absorbe aproximadamente una cuarta parte del Presupuesto General de la Nación- hacia el cumplimiento de la Constitución colombiana que manifiesta la progresividad de los derechos fundamentales de los colombianos que pasa por el aumento de los presupuestos de los diferentes sectores como la salud, protección social, educación, ambiente y desarrollo, entre otros.
Es así como Alirio Uribe Muñoz en días pasados ha presentado una proposición en la ley de Presupuesto General de la Nación más concretamente en el artículo 29 del mismo, en donde hace un llamado a la conformación de una auditoria de la deuda publica en Colombia integrada por diferentes sectores sociales en el país como fuente de soberanía del pueblo colombiano, en seguida adjuntamos el vídeo donde se puede observar la propuesta.
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Soberanía Alimentaria en Colombia y necesidad de financiamiento publico
Colombia es un país totalmente rico y diverso en aspectos agrarios, en donde se pueden cultivar diferentes especies de alimentos debido a sus climas y pisos térmicos. Es así como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- ha manifestado varias veces que Colombia es un país prolijo hacia la ampliación de la frontera agrícola del mundo y por ende despensa del mismo, como se puede constatar en el siguiente extracto.
“La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) manifestó que Colombia “es uno de los cinco países más importantes para ser despensa mundial de alimentos por su ubicación y disponibilidad de tierras”” (Portafolio, 2016)
Esta posibilidad agraria de Colombia se contrapone con la realidad de la nación, en la que evidenciamos abundantes conflictos como la alta concentración de la tierra en Colombia que para el año 2016 según OXFAM -basado en el Censo agropecuario realizado por el DANE en Colombia tras 45 años de nulos procesos fundamentado en el poder de la tierra en los aspectos económico-politos en el país-, Colombia es el país más desigual de la región con referencia al reparto de la tierra.
“El caso más extremo es el de Colombia, donde las fincas de más de 500 hectáreas –que apenas representan el 0,4% del total de explotaciones– concentran el 67,6% de la tierra productiva” (OXFAM, 2016, pág. 25)
Estos procesos de concentración de la tierra y la constatación de la improductividad de la misma se presentan como una contradicción en el sistema imperante, puesto que las tierras no representarían la generación latente de capital, lo que revela a su vez el papel de la tierra en el país, que se basa en la tenencia de la misma como fuente de poder político y económico, no necesariamente basado en la productividad de los terrenos.
Esta acumulación desaforada de la tierra puede ser rastreada a principios del siglo XIX debido a la necesidad del pago de la deuda externa pactada con el Imperio Británico y a los procesos de seguridad y/o pago de la deuda interna en momento de recesión internacional, evidenciando así el papel de la deuda publica en la configuración socio-económica |1| del país.
“Lo cierto es que uno de los efectos de la Independencia y de la república organizada por los criollos fue una concentración mayor de la propiedad de la tierra a partir de la reducción de las tierras de resguardo, la liquidación de la propiedad comunitaria, incluyendo ejidos, y la titulación de los baldíos en favor de militares, empresarios y agiotistas de la deuda pública respaldada por las tierras públicas” (Kalmanovitz, 2008, pág. 28)
Esta contradicción ha llevado a que los pequeños propietarios hayan sido despojados históricamente tanto por la violencia física y estructural -deuda- como por las nulas oportunidades económicas prestadas por un Estado secuestrado por los poderes que se desprenden de la tenencia de la tierra, es así como “[...] de nuevo Colombia es un caso particularmente extremo de desigualdad, pues el 84% de las explotaciones que son de menor tamaño ocupa menos del 4% de la superficie productiva (...)” (OXFAM, 2016, pág. 26) esta dinámica de desigualdad y por ende de sobreacumulación – bajo la realidad dialéctica- de la tierra se puede evidenciar en la siguiente tabla.
Tabla N°1 Superficie Manejada por las pequeñas explotaciones en América Latina |2|
La violencia en el país fue un agente de acumulación de las tierras, según OXFAM en Colombia entre 1970 y 2014 – espacio-tiempo de los mayores índices de conflicto armado en el país- se expandieron las fincas de más de 500 hectáreas desde el 41% al 77% del área agropecuaria, en contraposición a la contracción de las pequeñas fincas de menos de 10 hectáreas que pasaron de 7% a 4% del territorio. (OXFAM, 2016)
Ante una posible democratización de la tierra en Colombia |3| es necesario observar como las políticas públicas y por ende los presupuesto dirigidos hacia la consolidación de un campo digno para los colombianos debe pasar por el incremento exponencial de los recursos destinados a estos proyectos. tanto en subsidios, infraestructura, comercio horizontal, vivienda digna y pleno respeto y accesibilidad a los derechos fundamentales y conexos como la educación, salud, protección social, derechos culturales, medio ambiente sano, entre otros.
Es así como la propuesta de un país, que se piense en la dignidad de los sujetos de la sociedad por encima de los intereses particulares, debe partir en la redefinición de los presupuestos públicos y por ende en el conocimiento de la sociedad de los distintos empréstitos e instrumentos de la deuda pública como fuente de emancipación de los lazos odiosos de la misma y como transferencia de valiosos recursos para generar la sostenibilidad fiscal en un escenario por construir el cual se debería basar en una justicia socio-ambiental.
En estos momentos el servicio de la deuda pública en el Presupuesto General de la Nación para el año 2018 se encuentra en 51,251 billones de pesos, aproximadamente el 22% de los recursos públicos para el año entrante. Esta merma en los recursos es una de las causas de la baja prestación de los derechos de los colombianos, los cuales en la mayoría no alcanzan a llegar a la mitad de los recursos dirigidos hacia el pago del servicio de la deuda. Deudas públicas que bajo auditorias integrales alrededor del mundo han mostrado la ilegitimidad, ilegalidad y completa odiosidad de por lo menos el 80% de su constitución en los países analizados.
Por ejemplo, los 51 billones de pesos podrían fortalecer los débiles recursos de sectores fundamentales como son la salud y protección social, trabajo, inclusión social y reconciliación, justicia y derecho, y educación, entre otros; como también podría jalonar la soberanía alimentaria por medio de subsidios a los campesinos alrededor del país, la construcción de infraestructura necesaria y acordada con las comunidades, mercados comunitarios y alternativos, vivienda, salud y educación digna en el espacio rural, entre otras reivindicaciones de las comunidades campesinas y étnicas.
Esta soberanía alimentaria con el apoyo de un estado protector y redistribuidor de los recursos públicos abriría caminos hacia la construcción de una económica campesina y étnica basada en la agroecología como fuente de relacionamiento digno, la cual no estaría subordinado a la maximización de los recursos |4| sino a la preservación de la especie humana y natural.
Conclusión
La propuesta de introducción del parágrafo del artículo 29 de la Ley Anual de Presupuesto desde el Representante a la Cámara Alirio Uribe, responde a un trabajo de más de 10 años que se ha hecho con la Plataforma Ciudadana “En Deuda con los Derechos” en donde hemos convergido diferentes organizaciones sociales y políticas y grupos de investigación, en virtud de impulsar una auditoria de la deuda con participación ciudadana como una forma de empoderamiento de la sociedad. Pues la definición de las partidas presupuestales y prioridades deben estar en cabeza de la comunidad y no de entes burocráticos que responden a las dinámicas neoliberales e individualistas del sistema imperante.
Bibliografía
Galindo, C. A., & Gómez , J. F. (6 de Enero de 2016). La deuda en Colombia como factor de consolidación y acumulación del sistema socio-económico. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/La-deuda-en-Co...
Galindo, C., & Gómez, J. (3 de Septiembre de 2015). Incremento de la deuda pública y la crisis social. Obtenido de Comité para la abolición de las deuda ilegitimas: http://www.cadtm.org/Incremento-de-...
Kalmanovitz, S. (2008). Consecuencias económicas del proceso de independencia en Colombia. Bogotá-Colombia: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
OXFAM. (2016). Desterrados: tierra, poder y desigualdad en America Latina. Oxfam Internacional : Oxfam Internacional .
Portafolio. (11 de Julio de 2016). Por su ubicación, Colombia podría ser una despensa mundial de alimentos. Obtenido de Portafolio: http://www.portafolio.co/economia/g...
Notas
|1| La configuración socio-económico; se basa en la relación social entre los sujetos y las relaciones económicas entre estos y la naturaleza, donde encontramos las múltiples relaciones humanas cono son las económicas, sociales, políticas, culturales, jurídicas, entre otras.
|2| Grafica extraída de (OXFAM, 2016, pág. 26)
|3| Esta democratización no se basa en la redistribución de la tenencia de la tierra en manos de los grandes hacendatarios, sino más bien en la posible entrega de baldíos a las víctimas del conflicto armado en el país, lo cual ha generado varias críticas desde la sociedad.
|4| Maximización de la productividad definida por la necesidad de extracción de capital y enarbolada por la inversión extranjera directa que impone la división internacional del trabajo, que se basa en la reprimarización de la economía jalonado por el extractivismo de minerales y extractivismo ocasionados por la agroindustria
