El neoliberalismo acecha la justicia en Colombia
Tras la elección de Néstor Humberto Martínez como fiscal general -la decisión que se mostró públicamente el pasado 11 de julio del año en curso por parte de la sala plena de la Corte Constitucional, en donde se manifestó que la decisión fue con 17 votos a favor- evidencia como el capital financiero internacional a través del posicionamiento de tecnócratas en los poderes estatales logra cada vez más mayor trascendencia en el país.
Es por esto que se afirma a que este nombramiento conlleva a que uno de los principales escenarios de la justicia en Colombia, como lo es la Fiscalía General, este subsumida a los intereses de los grandes capitales nacionales, internacionales y trasnacionales, los cuales funden sus intereses mediante esta designación. Néstor Humberto Martínez |1| es abogado y economista de la Universidad Javeriana de Colombia, con especializaciones en derecho comercial y de familia, y magister en derecho de sociedades. Sus estudios ponen de manifiesto su enfoque comercial, privado y financiero que se ha percibido también en su desenvolvimiento laboral. Su hoja de vida laboral inicia con el cargo de jefe legal de la Superintendencia de Sociedades, entidad en donde posteriormente entre 1978 y 1981fue su primer delegado, y promovió la ley 44 de 1981 |2| . En esta ley se evidencia el interés en la protección del capital privado por encima del interés público al transformar la vigilancia de un proceso previo a un proceso posterior en el control de las sociedades anónimas y reducir el campo de control. La ley 44 de 1981 es fuente y fruto de las primeras políticas económicas del neoliberalismo en el país, que datan de principios de la década de los 70 y tendrán su punto culmen a principios de la década de los 80 del siglo XX. Estas transformaciones llevaron a la consolidación, cada vez más evidente, del proceso de reformas estructurales en el país fundamentadas en la liberalización y financiarización de la economía y los postulados de privatización de los entes públicos, entre otras políticas lesivas para el conjunto de la sociedad en la década de los 90 del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI. A continuación, se traslada a la Cámara de Comercio de Bogotá, donde tuvo diferentes cargos de alto nivel entre los que se encuentran la presidencia ejecutiva y la vicepresidencia jurídica, en el periodo entre 1981 y 1986; un tiempo de gran convulsión para la capital colombiana debido a que hubo por lo menos 7 mandatarios demostrando el alto nivel de convulsión tanto social como política y económica en la capital en particular, y en general en el país. Martínez llevo a cabo las siguientes acciones durante su permanencia en la Cámara de Comercio: i) Impulsó la sistematización del registro público de comercio de la capital; ii)Fundó el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la entidad; iii) Fue el responsable jurídico del registro público de comercio y de la certificación de costumbre mercantil; y iv) Fue el Promotor del Estatuto de Contabilidad. Estas acciones, lo harán poseedor de un gran poder económico-político tanto nacional como internacional, debido al control jurídico y técnico de la Cámara de Comercio, lo que le permitió fortalecer sus lazos de amistad y de complacencia con los sectores más poderosos en el país, que trajo consigo la obtención de diferentes cargos en el mundo público y privado, e incluso en Instituciones Financieras Internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Seguidamente se desenvolvió en la Superintendencia Bancaria entre 1986 y 1991 como superintendente bancario delegado para Instituciones Financieras Internacionales entre 1986 y 1988, lo cual el permitió ahondar en sus relaciones con las IFIS como el BID, debido a su intervención en la configuración de las políticas de dicha Institución, que se fundamentó en el crecimiento económico como base del desarrollo social del país, lo cual implica la subordinación a las dinámicas de la globalización neoliberal comola división internacional del trabajo que intensifica las dinámicas dependientes del país. Entre 1988 y 1991, desempeña el cargo de Superintendente bancario, en donde es promotor y coautor de la reforma financiera de 1990 -a través de la ley 45 de 1990-. Esta reforma, como la mayor parte de las reformas específicas y estructurales en el país, estuvo determinada por las IFIS. “[…] estas reformas no fueron autóctonas o representativas de un pensamiento colombiano, sino tomadas de las recomendaciones casi textuales, todavía en boga, por parte de los organismos multilaterales, y frente a las cuales nuestro país mostraba cierto retraso en su adopción, frente a otros países del área. […] Las reformas de Gaviria fueron la continuación lógica y esperada de los cambios en el manejo económico que se venían dando desde administraciones anteriores”(Estrada Alvarez, 2005, págs. 287-288) Lo anterior pone de manifiesto que la propuesta de reforma financiera de 1990 impulsada por Néstor Humberto Martínez no era una política inspirada en la realidad nacional, sino en la adopción interesada de las políticas de las IFIS debido al interés de clase del gobierno y los altos cargos del Estado. La reforma financiera de 1990 promulgada con la ley 45 tuvo “como fin estimular el mercado de capitales mediante: a) el tránsito de un régimen de banca especializada hacia un régimen de banca múltiple; b) el establecimiento de mecanismos para facilitar la organización de la propiedad a través de la absorción, fusión, escisión o liquidación de instituciones financieras; c) el inicio de la privatización de bancos estatales o nacionalizados; d) el levantamiento de las restricciones a la inversión extranjera en el sector financiero; e) la capitalización de intereses para créditos a largo plazo, entre otros” (Estrada Alvarez J. , 2006, pág. 247), con esta ley el gobierno colombiano generó la desregulación económica en el país. La reforma financiera de 1990 conllevó las siguientes consecuencias, entre otras: • Consolidación de monopolios y oligopolios financieros en el país. • Establecimiento legal de las privatizaciones de las entidades financieras nacionales, con el fin de generar un nuevo mercado especulativo. • Consolidación de la transnacionalización del sector financiero con el objetivo de acabar con los débiles controles de capital en el país y por ende con la regulación financiera. • Inicio de los fondos de pensiones privados, los cuales llevan a la quiebra al sistema de protección social estatal que emanaba de la cooperación y da un gran impulso a la financiarización en el país. • Eliminación del crédito de fomento: “Se elimina el crédito de fomento: los préstamos de la banca pública para el fomento se deben hacer a tasas de interés de mercado, lo que le abre espacio al sistema financiero privado para participar en dicho mercado” (Giraldo, 2007, pág. 201) • Disminución significativa del encaje bancario, lo cual conlleva a procesos de especulación. En 1991 es elegido para ser parte de la junta directiva del Banco de la República, lo cual le permite una importante participación en la consolidación de la nueva configuración económicaprocedente de la naciente constitución de 1991, que refleja y concreta la constitucionalidad de las políticas neoliberales en el país. En este cargo fue el vocero de la junta directiva del emisor para el trámite de la Ley Orgánica del Banco de la Republica, la ley 31 de 1992, la cual “[…] dicta normas a las que debe sujetarse el Banco de la República para el cumplimiento de sus funciones, y el gobierno para señalar el régimen de cambio internacional; profundiza el régimen de autonomía y establece el marco de actuación de la política monetaria como política anti-inflacionaria” (Estrada Alvarez J. , 2006, pág. 266) La ley 31 de 1992 transforma sustancialmente al Banco de la Republica como un ente autónomo dirigido por normas del derecho privado, con el fin de impedir la financiación interna del Estado y tiene como principio el control de la inflación como manifestación de última instancia a la sostenibilidad de la rentabilidad de los grandes capitales. Así mismo, Martínez fue el coautor del régimen de cambios internacionales de 1991 (Ley 9 de 1991), la cual conllevó al fin del control de capitales en el país, con lo cual Colombia se hizo más vulnerable a los flujos y reflujos económicos internacionales; por ejemplo, la exportación por parte de E.E.U.U. de inflación por medio de la manipulación de la tasa de interés, entre otras dinámicas como la especulaciónfinanciera y los capitales golondrinas. La ley 9 trajo consigo la imposición de la política de industrialización por sustitución de exportaciones, lo cual significó que el país -en su necesidad por captar divisas de intercambio internacional- intensificó su economía en la exportación, es decir, en las necesidades de las metrópolis económicas antes que en las necesidades de la población, lo que se materializó en el mercado de lascommodities, que conllevó a la reprimarización de la economía, una alta tasa de acumulación por desposesión y una alta degradación ecosistémica. “A los dos años de ser nombrado como miembro de la Junta Directiva en 1991, presentó su renuncia para aceptar un cargo como Subgerente Legal (Deputy General Counsel) en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)” (Bernal, 2016, pág. 16) Lo cual se puede interpretar como una recompensa por la implementación de las diferentes reformas neoliberales que impulsó. Entre los múltiples cargos estatales que Néstor Humberto Martínez ostentó posteriormente, se encuentran los siguientes: a) Ministro de Justicia en dos periodos: 1994-1996 y 1999, en donde fue autor de una decena de proyectos de ley en diferentes materias en la que sobresale la promoción de la reforma al Código de Comercio (Ley 222 de 1995); b) Embajador en Francia entre 1996 y 1997; c)Ministro del interior de1998 y 2000; d)Ministro de la Presidencia entre 2014 y 2015; y e) actualmente, Fiscal General de la Nación. Su hoja de vida demuestra un gran poder político en cargos esenciales en la configuración y profundización de la neoliberalización y su posterior andamiaje jurídico en el país. Fue uno de los conciliadores del listado de la república de Colombia en el panel de conciliadores del CIADI -Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversión- en el 2006 (Martínez, 2016)manifestando su interés en la protección de la inversión privada. En 1996 fundó su firma de abogados “Martínez Neira Abogados”, que en septiembre del 2015 se asoció con la firma DLA Piper |3| y pasó a ser “DLA Piper Martínez Neira”. Dicha firma se ha especializado en el sector financiero, en tanto“[…] asesoró muchas fusiones y compras bancarias como las del Banco Colpatria con Corpavi, la del Banco de Bogotá y Megabanco, y BanSuperior y Davivienda” (vacia, 2015). Así mismo, fue uno de los asesores de Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los principales capitalistas colombianos que mantiene redes en el sector financiero, industrial, y telecomunicaciones, entre otros sectores económicos en el país y en el mundo. Estos nexos evidencian sus intereses de clase y particulares que se fundamentan en la incorporación de normas que garanticen e intensifiquen la acumulación de capital. Para el designado fiscal generalnunca ha existido conflicto de intereses en la permanente puerta giratoria entre el sector público y privado, debido a que desde siempre ha manifestado ser un inquebrantable intelectual orgánico del capitalismo. En el año 2013 Martínez fue asesor de un proyecto de ley sobre baldíos en el país, con el fin de legalizar la acumulación por desposesión de sus múltiples clientes como Luis Carlos Sarmiento Angulo. Si bien este proyecto de ley no se perfeccionó, hay gran preocupación debido a que los sus influencias se verán reforzadas en el nuevo cargo de Fiscal General de la Nación. “En 2013 fue asesor en el polémico proyecto de ley de los baldíos, que en un principio buscó arreglarle la situación jurídica a los ’cacaos’ que compraron grandes extensiones de tierra en la Altillanura” (vacia, 2015) Anteriormente se ha tratado de evidenciar con la trayectoria de Néstor Humberto Martínez lo preocupante que es que un sujeto con tan evidentes intensiones llegue al puesto de Fiscal General, en donde consideramos que perpetuará sus intereses y los de sus allegados y clientes, en contraprestación de los colombianos con menor poder adquisitivo. Ahora nos surge el interrogante de cuál va a ser el papel que desempeñara en el venidero pos-acuerdo, y cómo sus intereses se verán recogidos en los intereses del gobierno nacional. Bibliografía Bernal, M. L. (Marzo de 2016). LA DISPUTA MONETARIA EN COLOMBIA: UNA LECTURA DE LA REFORMA DE LA BANCA CENTRAL EN 1991. Obtenido de Institutionnalismes Monétaires Francophones: http://imf2016.sciencesconf.org/109... Estrada Alvarez, J. (mayo de 2005). Elites Intelectuales y produccion de politica economia en Colombia. Obtenido de Espacio Critico: http://www.espaciocritico.com/sites... Estrada Alvarez, J. (29 de julio de 2006). Las reformas estructurales y la construcción del orden neoliberal en Colombia Critico. Obtenido de Espacio Critico: http://www.espaciocritico.com/sites... Giraldo, C. (2007). ¿Protección o desprotección social? Bogotá D.C.- Colombia: Ediciones desde abajo. La silla vacia. (4 de diciembre de 2015). Quien es quien. La red de poder de Néstor Humberto Martinéz . Obtenido de La silla vacia: http://lasillavacia.com/quienesquie... Martínez, N. H. (2016). Hoja de vida. Obtenido de Presidencia de la República de Colombia: http://es.presidencia.gov.co/Aspira... Velez Cabrera, L. (junio de 2012). 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