Política subsidiaria de Estado como base de la mera subsistencia social
Entre la tierra y el cemento, ciertos zapatitos ya desgastados movían el polvo de uno y otro de los suelos, se trataba del contraste, no carecían de fuerza pues era evidente su empuje, incluso en tal ir y venir contaban con algo de viveza, cómo quien destila voluntad. Claro está que su estómago y no tan importante sus bolsillos más bien se encontraban vacíos, con un poco de suerte alguno de estos no estaría además desfondado.
En los últimos años la política de Estado se ha visto fortalecida en su lógica focalizadora, lo que quiere decir que los programas para las poblaciones consideradas como vulnerables -primera infancia, mujeres, adultos mayores y otros- se han acrecentado, ésto en eje a los postulados internacionales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE). Debido a ésto, lo que ha ocurrido es que el planteamiento de la problemática de pobreza y desigualdad se centra en “quienes carecen” o, en términos económicos, en los demandantes que se consideran insolventes. Reduciendo así la importancia de un cambio sustancial y no sólo técnico en los actores, las dinámicas y las estructuras mismas sobre las que se acentúan dichas problemáticas.
En tal sentido, la pregunta que se plantea de entrada tiene que ver con cuál es el modelo de protección social que está siendo implementado por parte del Estado y además de ello hacia dónde apunta; cuál es su razón de ser. Es a lugar para ello revisar las formas en que se propone la acción estatal con respecto a los diferentes grupos focales, este programa ha tomado el nombre de “lucha contra la pobreza extrema” en muchos de los países y de ese modo ha sido objeto central del debate nacional. Sin embargo, tal debate ha carecido de praxis pues se ha limitado a planes de acción en el marco institucional y formal que no cuentan con una repercusión estructural en las condiciones de vida de las poblaciones.
La fuerza normativa que se le ha dado a los derechos tanto individuales como sociales históricamente en Colombia ha sido encaminada por de tal forma por las élites políticas; es como si fuese suficiente enunciar los derechos en los textos constitucionales para que estos se cumplan. Por tales razones, como afirma Tirado Mejía, desde la constitución de 1832 hemos lidiado con un Estado que es un gigante en términos de lo normativo pero eso poco o nada tiene que ver con la realidad (Bermeo, 2014).
Para analizar tales afirmaciones, y en el marco del estudio de los modelos de protección social y sus problemáticas a la hora de solucionar las problemáticas de fondos, es esencial consultar el tamaño del Estado. Dos ejes que son pertinentes para efectos del presente artículo son la cantidad de personas que emplea el Estado y el gasto del SPNF (sector público no financiero) con respecto al PIB per cápita.
En el primer eje se observa que en cuanto a la contratación por parte del Estado, la media de los países que integran la OCDE es de 14%. Por su parte, del total de personas empleadas en Colombia, el Estado es responsable por apenas el 4,7%. En ese sentido, el Estado no está cumpliendo con su labor ya que su aparato burocrático no se ha consolidado. Se nos presenta, entonces, un caso en el que el Estado no ha logrado la consolidación de sus instituciones; un “leviatán de papel”. (Ávila, 2016)
En el segundo eje se pretende retomar que el tamaño del Estado tiene una relación directa con el gasto del SPNF con respecto al PIB per cápita de cada país. En el texto publicado en nota editorial del Banco de la República (Urrutia, 2001), se lleva a cabo una comparación con respecto a varios países de América Latina y su tamaño partiendo de esa relación planteada anteriormente. Allí se expresa que Colombia tiene un gasto bastante bajo para el PIB per cápita que genera. Si se compara el caso de nuestro país con experiencias como la de Chile o Brasil, notamos que el Estado se ve bastante reducido. (CEPAL, 2017)
Ahora bien, considérese que el tamaño actual del Estado no es un error en el desarrollo histórico de las prácticas gubernamentales sino, más bien, el producto directo de dichas prácticas, cuyo contenido ideológico se centra en la reducción del Estado y el imperio del mercado. En tal situación, a lo que nos estaríamos refiriendo es a que el modelo de desarrollo económico ha generado las condiciones para que aquellos en situación de desventaja estructural aún siendo reconocidos por la constitución no logren acceder a lo que el Estado mismo se ha comprometido con respecto a su condición de vulnerabilidad.
Oscar Mejía Quintana plantea la problemática alrededor de tales temas en la medida en la que propone la incompatibilidad del modelo económico y el Estado social de derecho. Aquí el autor nos propone que no puede considerarse el tema de que la Constitución de 1991 garantiza los derechos sociales ni que tiene un carácter emancipador. Para Mejía Quintana, la misma constitución contiene elementos que permiten que se consolide un modelo de desarrollo económico que vaya en contra de aquellos derechos sociales que ahí mismo se ratifican. (Mejía Quintana, 2002)
Esta situación antes descrita es fundamental para entender el papel del Estado en las regiones periféricas del país, lo que se presenta como discusión de conocimiento público es el hecho de que los fenómenos de desigualdad y despojo se acentúa en dichos lugares, allí se acentúa también la población más vulnerable. Históricamente han existido territorios donde el Estado ha sido incapaz de llegar por su debilitado aparato burocrático, que no es lo suficientemente complejo como para lograr hacer presencia en los lugares más apartados; es en estos sitios donde es evidente que la soberanía estatal tiene grandes limitantes. Ejemplo de ello, el caso de miseria social vivido en el departamento de la Guajira que reúne altas cifras de desnutrición, mortalidad infantil y en general de inseguridad alimentaria y de no auto-abastecimiento.
En tal línea, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) o los documentos propuestos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) son muestra de la importancia que se le ha dado a lo escrito, la acción estatal así entendida se ha hecho desde arriba, desde los edificios de gobierno, desde el endeble aparato burocrático y no desde lo rural y sus parcelas o desde la ciudad y sus calles, lo que quiere decir que se ha pensado fuera de quienes viven la problemática.
A pesar de la evidente contradicción que se presenta no de manera fortuita en la práctica, el Sistema de Protección Social (SPS) se plantea como:
..las acciones públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de la población, mediante la garantía de derechos como salud, pensiones y trabajo a través del Sistema de Seguridad Social Integral. Adicionalmente, buscó articular diferentes programas asistenciales, Bienestar Familiar coordinado por el ICBF. Por otra parte, consideró el Sistema de Protección Laboral; el Sistema de Formación Profesional del Sena; y el Sistema de Compensación Familiar con sus componentes de subsidio familiar y otros servicios de las cajas de compensación familiar. (Acosta, O. L., Forero Ramírez, N., & Pardo, R. Pág.s 12 y 13)
De tal forma se identifica que el modelo implementado se basa en la política subsidiaria, el sistema de “protección social” es claro entonces: subsidios para los campesinos, para las madres, para los estudiantes, para las familias, para los niños, para los adultos mayores, para las víctimas, para los discapacitados. ¿Por qué es esta forma a groso modo y no otra con la que se responda a la vulnerabilidad de la población?
Más allá de su imposibilidad de consolidación en términos de soberanía y legitimidad, la política social implementada hasta el momento en el país se muestra como insuficiente y en contradicción, por el evidente límite que se traza al implementar a la par el neoliberalismo y el capitalismo como guiones del desarrollo regional. El hecho de que se haga una focalización grupal, deja de lado el problema de fondo que se forja en la oferta laboral y educativa principalmente, no se trata de un sistema que se queda corto en todos los ámbitos de la sociedad, se trata de cobertura para “quienes les falta”, no se trata de fortalecer la agricultura, la industria o la educación pública. En síntesis, no es cuestión de crear empleo, es cuestión de especializar, la política social funciona entonces como mera política social residual.
Esto último, quiere decir que la forma subsidiaria termina por preservar un estado estructural de cosas que por más que se plantee como la lucha contra la pobreza, no busca erradicarla. Si bien el alcance de los subsidios parece preponderar en su caracter de seguridad social al presentarse como no contributivos, estos funcionan con un amplio grado de deficiencia y terminan por ser la garantía de apenas la subsistencia social. De allí que sea sobretodo la lucha contra la pobreza, la pobreza extrema en todo caso. El docente Andrés Felipe Mora dirá que se trata de un “Estado bélico-asistencial y de confianza inversionista en permanente crisis fiscal”, así:
..el Estado redefine su forma adquiriendo nuevas funciones, coherentes con la reproducción y acumulación de la relación social capitalista... Todo ello, en el marco de relaciones sociales que, si bien, se han sustentado en un relativo repliegue de las luchas sociales y populares, siguen siendo conflictivas y contradictorias. Entendido desde esta perspectiva, el Estado neoliberal y sus políticas serían, entonces, el reflejo de compromisos sociales que regulan los conflictos sin hacerlos desaparecer.. (Mora.A. Pag. 65)
Se dice entonces que el conflicto no cesa, se mantienen en línea de contención las necesidades de muchos, se debilitan las luchas sociales con ínfimos avances en sus demandas. Así, lo que entra en conflicto más allá de las partes que componen el entramado social, es la vida misma, pero hablo de vida con un adjetivo de dignidad.
La subsistencia, en su perspectiva de mantención mediática, es solo un respiro en medio de la interminable crisis de los bolsillos más que vacíos, rotos. Tal búsqueda de conservacion toma otras formas además de los subsidios, siendo de relevancia su revisión para un estudio crítico de la política pública actual. Entre ellos, la deuda, que “ahoga a los hogares empobrecidos” a través de programas vigentes como los de Mi casa ya, que para el capital y la “política” de hoy son el instrumento ideal para que los pobres se insertan de lleno en el mercado. En contra de tal inserción al capital, son los pueblos en su colectividad quienes viven las “impopulares políticas de austeridad”, son las poblaciones específicas las que viven la desigualdad y no sus índices cualificados o puestos a disposición, entonces son estas mismas las que se deben mantener en defensa de la vida digna.
Después de analizar la temática del presente artículo, surge la necesidad de plantear la crítica y el llamado a repensar la relación entre el modelo económico y la perspectiva constitucional frente a la problemática social. Se ha mostrado cómo Colombia es un país que, en términos económicos y de sus instituciones, es un Estado pequeño. Sin embargo, este tamaño pareciera que no tiene nada que ver con la producción normativa y, sobretodo, con la carta constitucional que hoy día marca los alcances y los límites de las instituciones estatales. Tal situación y sus implicaciones en el funcionamiento del Estado ha generado muchos conflictos para aquellos quienes son reconocidos por la constitución pero no son atendidos por el Estado mismo.
Bibliografía
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● CEPAL (2017) Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe. En: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41044/4/S1700069_es.pdf
● Mejía Quintana, Oscar (2002) Constitución de 1991 como proyecto inacabado. En: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/90150/Curso_CORE/La_Constitucion_de_19 91_como_proyecto_inacabado.pdf
● Urrutia Montoya, Miguel (2001) El Tamaño del Estado Colombiano: Comparación Internacional. En: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/noviembre_8.pdf
● Acosta, O. L., Forero Ramírez, N., & Pardo, R. (2015). Sistema de protección social de Colombia: avances y desafíos.
● Cortés, A. F. M. (2015). Veinticinco años de crisis fiscal en Colombia (1990-2014). Acumulación, confianza y legitimidad en el orden neoliberal. Papel Político, 20(1), 63.
Cortés, A. F. M. (2011). Propuesta para la financiación de la educación superior en Colombia. Pensamiento Jurídico, (31), 215. http://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/article/view/36730/39689
● Colectivo Ioe. 13 de Julio de 2017. La desigual de la riqueza se ha doblado en 12 años. http://www.cadtm.org/La-desigualdad-de-la-riqueza-se-ha
● El Tiempo. (2017). La OCDE pide a sus países reforzar educación en preescolar. http://www.eltiempo.com/vida/educacion/la-ocde-pide-a-sus-paises-reforzar-educacio n-preescolar-105204
● Comite para la abolicion de las deudas ilegitimas http://www.cadtm.org/Espanol
