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La tragedia de Mocoa, una tragedia anunciada


Entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril en la ciudad de Mocoa, en el departamento de Putumayo, Colombia, se desencadenó una tragedia de grandes magnitudes, debido al desborde de al menos tres afluentes hídricos -el Rio Mocoa, el Rio Mulato y el Rio Sangoyaco-, estos tres ríos dejaron a su paso por lo menos a cinco barrios destruidos y la afectación en otra quincena en la Ciudad de Mocoa.

Ilustración 1: Mapa de Mocoa la capital del departamento de putumayo. Fuente: El País.

El desbordamiento de estos tres afluentes hídricos cobró la vida de por lo menos 314 personas, dejando a su paso 332 heridos y se tiene información de 106 desaparecidos, aunado a la destrucción parcial de la capital, la falta de energía eléctrica que mantiene en zozobra a la población lo cual hizo de las labores de rescate y de primeros auxilios una tarea titánica.

Aunque se manifiesta desde los medios masivos de comunicación que la tragedia se debe a “La deforestación en cercanías a las fuentes hídricas, construcción de viviendas y el impacto del cambio climático (…)” (El espectador , 2017) Esto solo trata de invisibilizar y transferir las cargas desde la deuda histórica del Estado Colombiano con el departamento de Putumayo hacia las comunidades de esta región, que en sus necesidades básicas se ven afrontadas a construir en zonas de aparente riesgo y son totalmente subordinadas por el capital debido a la necesidad de sobrevivir lo cual les impone la explotación de los recursos naturales, entre otras dinámicas impulsadas por un sistema económico totalmente degradado, dirigido este, desde los centros económicos del país y por sus élites.

Esta capital al sur occidente del país, es una de las ciudades con mayores carencias económicas, una de las más golpeadas por la violencia y con una de las más altas tasas de desempleo e informalidad, lo cual refleja el alto grado de vulnerabilidad infraestructural de la capital del departamento de Putumayo anudado a la baja inversión por parte del Estado en esta región.

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el departamento de Putumayo tiene una de las mas altas tasas de pobreza multidimencional con el 76,3% en comparación al 49% a nivel Nacional. (Departamento Nacional de Planeación, 2015) Ejemplificando la vulnerabilidad de las comunidades que habitan este departamento y en particular de su capital Mocoa, esto sujetado a la dependencia productiva del sector extractivista que para el año 2013 en el total de la distribución del producto interno bruto fue de 54,1 con respecto al 7,7 a nivel Nacional.

La economía de este departamento se basa en un 54% en la explotación minero energética, la cual ha sido impulsada por las políticas gubernamentales como lo veremos en la siguiente gráfica, afectando así al territorio y sus comunidades,generando grandes pasivos ambientales que en coyunturas de grandes precipitaciones aumenta exponencialmente las tasas de riesgo de inundación, debido al proceso totalmente destructivo del sector extractivista tanto con la naturaleza como con las comunidades al ser parte del deterioro de su entorno y de la inhumanas condiciones laborales.

Ilustración 2: Situación actual y perspectiva para el Departamento de Putumayo. Fuente: Departamento Nacional de Planeación 2015.

Como se evidencia en la anterior gráfica una de las políticas gubernamentales para el departamento de Putumayo es la ampliación del descargadero y almacenamiento en Orito un productor de Hidrocarburos, lo cual aumenta el riesgo del departamento a las inundaciones y el deterioro natural debido a la explotación de este recurso.

Mientras el departamento tiene necesidades básicas pendientes como agua potable, energía eléctrica, alimentación básica,construcción de viviendas dignas, centros de educación, centros de atención hospitalaria entre otros; el gobierno posterga estas necesidades primordiales por el aumento de la producción extractivista. Esto demuestra la deuda del Estado con el pueblo de Mocoa y el papel activo en la destrucción del territorio que incidió directamente en la avalancha del pasado 31 de marzo.

Este no es un caso aislado es más bien la tabla rasa que se le impone al país por medio del mal-desarrollo concretado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y en los últimos gobiernos en el país.

Estos subordinan las necesidades básicas de la sociedad por la inversión en infraestructura y en la adecuación del país a la explotación de los recursos naturales por la inversión extranjera directa que se ve atraída por un Estado que impone una normatividad completamente favorable a la destrucción de los territorios y las comunidades ligado con la favorabilidad en las imposiciones tributarias que son desplazadas a la sociedad por medio de impuestos cada vez más regresivos e indirectos.

El Estado blindando los intereses privados por encima de las necesidades de la sociedad y más particularmente perpetuando una deuda de carácter histórica con los pueblos originarios y las comunidades afros, concesiona el territorio para le explotación minero-energética invisibilizando a las comunidades étnicas y sus derechos recogidos en la constitución de 1991. Estas son algunas de las concesiones más importantes en el departamento de Putumayo.

Ilustración 3: Concesiones mineras en el departamento de Putumayo 2013. Fuente: La Silla Vacía, 2014.

“Un nativo del pueblo Kametsa le contó a la Silla que la minería no está dentro de la práctica de las comunidades y que posiblemente la inundación que ocurre hoy en día en el Valle de Sibundoy es causa del resquebrajamiento de la tierra por las exploraciones que realizan las multinacionales mineras. Sin embargo, eso no se ha probado”. Esta denuncia fue en el año 2013 y mantiene vigencia al día de hoy. Esto demuestra fehacientemente que la avalancha fue una crisis anunciada por los pueblos indígenas que sin tener una voz activa en los medios masivos de comunicación son invisibilizados y callados por un sistema que impone la muerte y la desolación.

No es posible concebir que el cambio climático es la única causa de la tragedia de Mocoa, esta tragedia ha sido reflejo de las condiciones del “desarrollo” que se han impuesto por medio de la política y locomotora minero-energética. Es por esto que resulta aún más aberrante las declaraciones que ha hecho el Gobierno Nacional frente a los resultados de las Consultas Populares como las recientes ocurridas en Cajamarca y Cumaral.

No podemos quedarnos inmóviles esperando que otra tragedia como la de Mocoa suceda en el país, por lo cual es necesario seguir denunciando las consecuencias de la política minero-energética extractivista implementada en nuestros territorios y tejer redes de lucha y resistencias frente al mismo. En esta lucha las Consultas Populares son una herramienta de denuncia que deben ir acompañadas de movilización y resistencia social.

Biografía

Departamento Nacional de Planeación. (24 de Enero de 2015). Presentacion del PND 2014-2018. Obtenido de Departamento Nacional de Planeación: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT...

El espectador . (1 de Abril de 2017). Causas y recomendaciones tras la avalancha en Mocoa. Obtenido de Redacion Nación: http://www.elespectador.com/noticia...

El País.com.co. (1 de Abril de 2017). Tragedia en Mocoa: 154 personas murieron tras desbordamiento de tres rios. Obtenido de El País.com.co: http://www.elpais.com.co/colombia/t...

La Silla Vacia. (7 de Julio de 2014). Asi se cruzan los indigenas, los afros y la minería. Obtenido de La silla vacia: http://lasillavacia.com/historia/as...

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