LA DEUDA PÚBLICA EN COLOMBIA: SU INFLUENCIA EN LA REFORMA TRIBUTARIA Y SUS CONSECUENCIAS EN LA SOCIE
El presente documento tiene como finalidad evidenciar como la deuda pública en Colombia se ha configurado como un mecanismo de desposesión y de control en la globalización, y como una barrera de construcción para una sociedad más humana. Este control es ejercido por medio de la hegemonía económica de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que defiende los intereses de la clase de la burguesía financiera internacional que la controla y mantiene una dictadura sobre el 99% de la población mundial, infligiendo las mayores penurias a la sociedad. Así mismo, controlan económicamente a los Estados -a partir del final de los años 70- mediante las Instituciones Financieras Internacionales, que “despersonalizan” los intereses estatales y/o privados con lo cual tienden un velo de legitimidad en el capitalismo tardío[1].
Colombia, como parte de la periferia latinoamericana soporta esta dominación bajo la forma de financiarización y extractivismo. Mediante la financiarización oficializada constitucional y legalmente desde los inicios de la década del noventa con la institucionalización del Banco Central autónomo y la desregulación de capitales, los grupos financieros se apropian del segmento más importante del presupuesto público obligando a imponer reformas tributarias regresivas a la población y con el extractivismo se destruyen territorios y se desplazan poblaciones (la guerra civil interna, que lleva décadas, ha servido para ello) en un país que no contaba con la base material para convertirse en exportador de hidrocarburos y minerales. Por ello y ante el agotamiento prematuro de los yacimientos recientemente se ha autorizado por parte del gobierno la utilización del fracking, que aumentará la destrucción de los territorios y de las cuencas hidrográficas. En enero del año en curso en la región sur-oriental del país, en un departamento llamado Casanare, ocurrió un ecocidio de grandes dimensiones causado por la explotación de hidrocarburos incluyendo los procesos asociados al fracking.
Introducción: Contextualización de la aplicación del sistema de la deuda en Colombia a partir del análisis de los proyectos de Presupuesto General de la Nación 2013-2015.
Un ejemplo actual de la “acumulación por despojo” de los recursos fiscales del Estado a través del mecanismo del endeudamiento lo constituye el diseño gubernamental del proyecto de Presupuesto General de la Nación -PGN- para el año 2015, en donde se destinan aproximadamente $48,903 billones (US$24.000 aproximados) que llegan a representar el 22,6% del PGN, lo cual pone en evidencia que más de una quinta parte del presupuesto está siendo invertido en el pago de la deuda y/o la amortización de los intereses de esta. En este misma línea, se observa un crecimiento de la deuda pública con respecto al presupuesto del año 2014 en un 15,2% ($6,451 billones). Este porcentaje se obtiene sobre la base de que el aumento del monto total del PGN para el año 2015, con relación al 2014 fue de un 2,41% (4,829 billones de pesos). Debe aclararse, sin embargo, que el propio Ministro de Hacienda, al presentar el PGN, aceptó que estaba desfinanciado en $12,5 billones, razón por la cual presentó una ley de financiamiento que incluirá nuevos impuestos. Al incluir estos recursos proyectados el aumento del PGN para el 2015 sería de 6,4% (13,049 billones de pesos)[2].
Tabla 1 Variación de la distribución presupuestal 2013 – 2015[3]
A partir de la tabla No.1 observamos la reducción del rubro de inversión en términos comparativos con el mismo rubro para el año 2014. Este dato significa una distribución fiscal regresiva asociada a la propuesta del gobierno y de las IFIS de abandonar la inversión pública en aras de la inversión de las multinacionales, bajo los criterios de la confianza inversionista.
Puede constatarse, igualmente, como la deuda en 2013 decreció con respecto a 2014, pero en el 2015 sobrepasará en crecimiento los dos años fiscales inmediatamente anteriores. En lo que se refiere a los gastos de funcionamiento, concepto que recoge el pago salarial de los empleados del Estado y los gastos proyectados para el bienestar social de la población, tan solo crecen un 7,2 % con respecto al 2014. Ahora bien, si los comparamos con el crecimiento del mismo rubro en el período 2013- 2014 -13,2-, decrece en un 6%.
El Presupuesto General de la Nación del 2015 incluye la regla fiscal, obligación legal impuesta por el FMI desde el año 2003 que obliga a un pago programado anual de los intereses de la deuda pública (superávit primario) hasta reducir el déficit en el balance fiscal estructural en el año 2022[4]. Esta meta exigida por el capital transnacional obligará a nuevas reformas tributarias, a solicitar nuevos préstamos y a un mayor endeudamiento en el futuro inmediato. [5]
Ilustración 1 Círculo vicioso de la deuda pública
El aumento de la destinación presupuestal al sector de la educación, el cual pasa a ser el primero en participación en el funcionamiento del PGN del año 2015, obedece a los postulados de la reprimarización que exige la capacitación de una mano de obra barata en el marco de una periferia empobrecida y destinada por el desarrollo desigual y combinado de la globalización, a profundizar ese empobrecimiento.
A causa de lo anterior la formación para el trabajo, a través del SENA -Institución educativa tecnológica y técnica enfocada en el adiestramiento de la mano de obra-, recibe una de las mayores inversiones con 3,4 billones de pesos, para impartir una formación reducida a un concepto de lo técnico en el que los contenidos curriculares se limitan a desarrollar “habilidades y destrezas” en el mundo del trabajo precario. . Mientras que el sector de Ciencia y Tecnología, que debe ser un sector fundamental para desarrollar investigación y reducir la desigualdad del conocimiento y la apropiación de tecnologías a favor de la sociedad, tan solo recibe unos 379 mil millones de pesos, haciendo la salvedad de que este sector incluye segmentos fiscales que favorecen al extractivismo.
La reforma tributaria como la materialización de la dictadura de la Deuda, y su influencia en la legislación nacional.
a. El déficit fiscal, como exigencia del Fondo Monetario Internacional expuesto en el acuerdo extendido de 1999.
En un primer momento cabe preguntarse ¿qué es el déficit fiscal?, interrogante al cual le daremos solución a continuación.
Según el Banco de la Republica el déficit como concepto económico general ocurre: “cuando una cantidad es menor a otra con la cual se compara. Para este caso en particular, el término es usado para asuntos de dinero. Por lo tanto, se tiene un déficit cuando la cantidad de dinero usada en todos los gastos en una empresa, en el gobierno de un país, o en el presupuesto de una persona (egresos) es mayor a la del dinero que recibe (ingresos); es decir, gasta más de lo que tiene y por lo tanto se presenta un déficit.” (Banco de la Republica)
Con lo anterior podemos decir que el déficit fiscal se da cuando un Estado invierte más de lo que recibe. Hay diferentes maneras de paliar el problema del déficit fiscal: i) Disminución en el gasto social, es decir, la desfinanciación de los servicios y entes públicos, ii) Aumento de los impuestos, iii) Solicitar préstamos a entes bilaterales o multilaterales y iv) emisión de dinero por parte del Banco de la Republica.
Una de la estrategia que toma el Estado colombiano, es la desfinanciación de los entes públicos para alcanzar una meta programada de máximo un 5% de déficit fiscal en los años fiscales en curso, reduciendo los gastos asociados a bienestar social.
Así mismo, para cumplir con el objetivo de reducir el déficit los gobiernos vienen generalizando el cobro del IVA, impuesto regresivo que castiga al conjunto de la población justificándolo con las exigencias de la descentralización fiscal y de imponer controles a la evasión de impuestos. Adicionalmente, las políticas estatales propenden por la eliminación de los subsidios a los servicios públicos incluyendo a las comunidades más deprimidas, y por continuar con la privatización de entes públicos y la participación de actores privados en la prestación de los servicios publicos. Obviamente que la gestión del déficit fiscal incluye el aumento del endeudamiento presupuestal.
Estas políticas regresivas afectan directamente a la sociedad en uno de los países más desiguales del continente; el segundo después de Haití con el peor indicador Gini en la región.
b. La Regla fiscal para Colombia y su relación con la inflación objetivo expuesta y defendida en el acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional de 1999.
La política fiscal en Colombia hace parte de la concepción neoclásica de “las finanzas sanas”, que incluye como uno de sus objetivos centrales el lograr que el Estado no incurra en gastos “innecesarios”, que pueden presionar la inflación con lo que se confirma que la política fiscal se encuentra sometida a la dictadura financiera transnacional. Efectivamente la no inflación constituye uno de los parámetros de la política monetaria globalizada por cuanto el libre flujo de inversiones en un mercado de capitales transnacionalizado y desregulado exige estabilidad de precios.
El argumento utilizado por la tecnocracia es el de que la inflación no contenida, termina por disminuir la inversión del sector privado en la producción interna. Para que esto no suceda, continúan argumentando los tecnócratas es necesario desarrollar una política monetaria que contenga la inflación, lo que genera mayor seguridad a los inversionistas e impide que los capitales privados se orienten hacia inversiones en “activos que se defienden de la inflación, pero que no pueden no ser productivos” (Urrutia, 2000, pp. 25).
En la programación de este objetivo el Banco Central desarrolla una estrategia de política monetaria llamada “Inflación Objetivo”. En el desarrollo de esta estrategia el Banco Central proyecta y publica una tasa de inflación a conseguir para el año siguiente, esperando que los individuos se comporten como “sujetos racionales” y organicen sus expectativas de inversión en torno a ese objetivo inflacionario.
El cumplimiento de las obligaciones del endeudamiento público y de las metas de “inflación objetivo” han llevado a la institucionalización de procedimientos obligatorios de recorte del gasto público. Uno de ellos es el de la regla fiscal (R.F) herramienta económica que garantiza el ajuste macroeconómico por vía fiscal, obligando “ a reducir progresivamente la deuda del gobierno nación desde el nivel de 39,4% del PIB proyectado para 2010 a uno de 29,4% del PIB en el año 2020”, ( Estrada, J. 2010, pp.15). Debe insistirse en que esta proyección que pretende “poner un techo constitucional al gasto público” (Estrada, J. 2010, pp. 18), asfixia los presupuestos asociados a la inversión y a la calidad de vida de la población.
Otro procedimiento fiscal regresivo es el denominado como sostenibilidad fiscal[6] impuesto mediante reforma constitucional y mediante el cual se introduce una limitación a las decisiones judiciales que favorecen a los derechos fundamentales o los DESC al establecer que el pago de las indemnizaciones a la transgresión de estos derechos debe tener en cuenta la capacidad fiscal del Estado para pagarlas.
Con la regla fiscal y la sostenibilidad fiscal se materializa la idea de que el derecho de los acreedores se encuentra por encima de las necesidades básicas de la población.
c. Acuerdo extendido con el fondo monetario internacional y su influencia en la configuración económica del país.
Para observar como Colombia responde a las medidas estructurales planteadas por el FMI, es destacable observar el siguiente extracto del texto del Acuerdo extendido del país con el Fondo Monetario Internacional:
“Colombia inicio además un importante programa de reformas estructurales en la primera mitad de los años 90, enfocada hacia la liberación del sistema financiero y del comercio exterior, y hacia el aumento de la participación el sector privado en actividades económicas en clave. En 1990 se implanta una importante reforma laboral, la cual se extiende en 1996 a la mayoría de los contratos de los servicios públicos. Para promover la participación del sector privado en actividades económicas claves, las autoridades han otorgado concesiones para la construcción y operación de proyectos de infraestructura, y las más grandes empresas públicas en los sectores de las telecomunicaciones, energía y minería han sido privatizadas. Un sistema privado de pensiones, basado en la capitalización individual, se creó en 1993 como una alternativa al sistema manejado por la administración de la seguridad social. También se introdujeron reformas para impulsar la inversión extranjera directa; están han sido exitosas incluidas las de los sectores petroleros y financieros.” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1999, pp. 4-5.)
El anterior extracto nos deja ver la trampa de las IFIS y lo lesivo que es para las sociedades la adopción de dichas normas, Colombia ha sido uno de los mejores alumnos de las tesis del FMI, en tanto se presenta la desregularización financiera para el completo empoderamiento de la elite financiera y la adopción de la deuda como control hegemónico, y el impulso de privatización de los entes públicos, lo cual demuestra como las reformas a la inversión extranjera, las cuales desmontan cualquier proteccionismo y rompe con el derecho laboral a favor de las multinacionales, traen consigo el impulso de la inversión extranjera en el país en sectores que le son evidentemente de gran interés como lo son el sector petrolero y el sector financiero.
Lo que nos queda con el anterior extracto es como el país basa su desarrollo en la inversión extranjera y pone todos sus esfuerzos en proveerles las mayores facilidades legales, laborales y tributarias a las multinacionales y/o al capital privado, con lo cual solo nos quedaría observar la destinación de esta inversión extranjera y su configuración en la economía del país.
En el siguiente extracto podemos observar la destinación de la inversión extranjera directa en los sectores del país y su influencia con la dependencia al modelo de división internacional del trabajo promulgado y llevado por el fondo monetario internacional:
“En efecto, la IED[7] sumó en enero 1.404 millones de dólares, con un crecimiento de 6,9 por ciento respecto a igual periodo de 2013, cuando totalizó 1.313 millones de dólares… Obviamente al mayor parte de los recursos extranjeros llegó a petróleo, con 1.196 millones de dólares y un crecimiento de 16,3 por ciento respecto a enero del 2013, cuando sumaron 1.028 millones de dólares” (Portafolio, Febrero 17 de 2014)
“Las entradas de capital extranjero entre enero y marzo del presente año ascendieron a US$ 8,442 m, con un incremento anual de 12.2%. Esta dinámica se explica principalmente por las mayores colocaciones de títulos de deuda externa en los mercados internacionales y en el mercado local. Por su parte, el flujo de inversión extranjera directa (IED) fue inferior en 6.6% al registrado un año atrás… Del total de los ingresos de capital extranjero recibidos en el período de análisis, el (55.2%) correspondió a recursos obtenidos por la emisión de títulos de deuda externa, el 40.4% a flujos por IED y el resto (4.5%) a préstamos y otros créditos externos” (Banco de la República, 2014, p. 10)
Por medio de estos extractos observamos como la inversión extranjera constituye uno de los principales ingresos en la economía colombiana, y esto es bastante preocupante en tanto que al examinar el marco fiscal de mediano plazo[8] observamos cómo se perciben los efectos que tendría la normalización monetaria de Estados Unidos en la economía colombiana, tanto a corto como a largo plazo, pero se les resta importancia a los efectos de corto plazo con el fin de lograr los de largo plazo, y es preocupante en tanto en los efectos de corto plazo encontramos como se observa un efecto negativo sobre las tasas de interés no sólo en Colombia, sino también en América Latina, además de un incremento de la volatilidad de la deuda en América Latina. También percibimos como deuda ascendió entre enero y marzo del 2014 aproximadamente 4659,984 Millones de dólares en emisión de títulos de deuda externa, además de haber en préstamos y otros créditos externos, 379,89 Millones de dólares.
Ilustración 2 Proyección crecimiento del PIB 2014 por componentes de demanda[9]
Así mismo, podemos observar de la tabla anterior como las importaciones superan en participación a las exportaciones, el supuesto que busca cambiar el gobierno a largo plazo, en donde se estipula que debido a la normalización monetaria estadounidense traerá un aumento de exportaciones para Colombia.
d. Distribución sectorial del flujo de Inversión Extranjera Directa en Colombia - Enero a Marzo de 2014
Ilustración 3 Distribución sectorial del flujo de IED en Colombia[10]
A partir de la gráfica anterior, extraído de documentos del Banco de la República, observamos que de la inversión extranjera directa un 47% se concentra en la explotación minero-energética, que es el concepto con mayor inversión en el país, lo que centra la industria en la explotación de materias primas e hidrocarburo llevando consigo la crisis ecológica que los últimos años afecta al país con severos problemas hacia la sociedad. También tenemos que observar que los diferentes conceptos como transporte, manufactura e industria y comercio están centrados o jalonados por la explotación de las materias primas, que somete al país a la especulación de las materias primas.
Esto nos demuestra como las políticas de la regla fiscal, la sostenibilidad fiscal y el Acuerdo Extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, determinan la industria colombiana hacia una industria de extracción minero energético y de materias primas las cuales reprimarizan la economía y crean una dependencia de la industria, acorde a los intereses de las multinacionales los cuales no son el bienestar de la población, sino mantener una tasa de ganancia alta sin importar los derechos de la población.
No son sólo las afectaciones ecológicas las que nos preocupan de esta determinación hacia el sector de extracción minero-energética, también percibimos las consecuencias socio-laborales que trae consigo esta actividad, en donde se precarizan los derechos laborales de los trabajadores, los cuales no son habitantes de la zona en donde se realiza la explotación sino son foráneos que traen consigo repercusiones sociales en tanto se aumenta la prostitución e informalidad laboral de los habitantes de la región.
e. Más allá de la Inversión extranjera: Remisión de las utilidades al exterior.
Ilustración 4 Dividendos y Utilidades remitidas al exterior como porcentaje de la Inversión extranjera [11]
La anterior grafica nos muestra que la tendencia de los últimos tres años es decir 2009, 2010 y 2011 de inversión extranjera es que por cada 100 dólares de inversión hay un dividendo mayor a 100% esto se enmarca en un capitalismo por desposesión y nótese que en esta grafica no se toma en cuenta las deudas ecológicas dadas por la explotación minero-energética que destruyen los territorios y los acuíferos.
También podemos percibir como por medio de la instauración de empresas multinacionales, las utilidades generadas en sectores de gran participación como lo es el sector extractivista, no se quedan en el país sino que son re-direccionadas a las naciones en donde estas empresas tienen su sede central, es decir que mientras acaban con nuestros territorios y materias primas, las grandes empresas extraen su capital y lo invierten en su país, dejando a Colombia no sólo perdidas a nivel económico, sino una gran deuda ecológico-social.
También es preocupante la gran dependencia que tiene el país a nivel de la explotación y exportación de sus materias primas en tanto que, desde el mismo marco fiscal de mediano plazo, se reconoce la inestabilidad que está presentando este sector en la actualidad, basta con observar la caída en el precio del petróleo. Así mismo, debemos recordar como la crisis de pagos de deuda que se inició en 1982, tiene una de sus bases en esa disminución que se dio en el precio de las materias primas, en tanto que las economías de los países del sur, dependían de este sector para poder responder con sus obligaciones ante las IFIS y los Estados acreedores.
f. Manipulación de los indicadores: Reducción de los indicadores de pobreza.
Uno de los objetivos del gobierno, es la reducción de la pobreza. Es imposible reducir materialmente la pobreza, cumpliendo con otros de los objetivos, puesto que el pago de la deuda pública, el manejo que se le da al déficit fiscal y la manera en la que se aborda la economía y la estrategia anti choque de crisis económicas, restringe la adjudicación de inversión y el fomento de un bienestar social. Aunque en las gráficas de los diferentes entes públicos veamos una caída de la tasa de pobreza, esto se debe a que la línea que señala la tasa de pobreza cada día reduce sus estándares para legitimar ciertos idearios político-económicos, es decir, se juega con los límites para acomodar a las necesidades de exposición, sin que esto tenga una verdadera política de paliar la pobreza y la gran desigualdad.
Ilustración 5 Valor de la línea de pobreza [12]
Según el DANE, la nueva línea de pobreza pasa de 6.8 dólares diarios a 4,4 dólares diarios, es decir, que la desigualdad en Colombia, no ha cambiado en absoluto, lo que cambió fue la forma en la cual se mide la misma. La baja en la tasa de pobreza en Colombia solo es una manipulación matemática, una manipulación en la línea de pobreza más que en el cambio cualitativo de la calidad de vida de los colombianos.
Antes la línea mínima de ingresos para catalogar pobre a un sujeto de la sociedad era de 408.000[13] pesos colombianos, mientras que con la nueva metodología es de 264.000 pesos colombianos, esto nos demuestra cómo el gobierno manipula los datos para hace coincidir sus pretensiones con los datos expuestos mientras los colombianos no ven ningún cambio cualitativo en la calidad de sus vidas. Como si esta manipulación de la información y de los datos no fuera suficiente, la valoración de pobreza se hace desde los individuos y no desde las familias lo que deja de lado a los menores de edad que dependen de sus padres.
Es ilógico pensar que una persona pueda sobrevivir con 264.000 pesos mensuales y mucho menos que esto sea uno de los logros que alcanzaron los últimos gobiernos, esto es una falta completa de respeto con la sociedad colombiana. Esto nos demuestra que las verdaderas metas que tiene el gobierno colombiano, y en si el sistema colombiano manipulado por las Instituciones Financieras Internacionales, es la seguridad inversionista por encima del bienestar de la población.
Aun así con la manipulación de la línea de pobreza al antojo del gobierno nacional y los acuerdos con las IFIS en Colombia la tasa de pobreza, con la línea de pobreza para el año 2010 era 264.000 pesos es de 34.01%[14], es decir hay 14.440.000 colombianos por debajo de un salario de 264.000 pesos mientras la salud, la educación y la protección social están en una constante mercantilización y por ende privatización. Es evidencia de la irracionalidad del sistema el cual nos imponen.
La siguiente grafica intenta recoger la manipulación de la línea de pobreza en los últimos 4 años desde el 2010 hasta el año 2013 en la cual se dice que la tasa de pobreza baja pero conforme a una medida mucho más baja
Tabla 1 Evolución de la línea de pobreza [15]
Estas políticas nos demuestran la estrategia del Fondo Monetario Internacional, la cual es mantener el estatus quo en la sociedad colombiana y profundizar el ideario neoliberal con lo cual reprimarizar la economía, con la división internacional del trabajo en la cual Colombia tiene como objetivo la exportación de materias primas que acaban con el medio ambiente y el entorno de la sociedad pero también va de lado la desindustrialización para mantener el país cada día más dependiente a los centros industriales, bajar los salarios y acabar con los derechos laborales con lo cual mantener la confianza inversionista, claro está con el beneplácito de una parte de la clase dominante la cual ve recreada sus ganancias en estas políticas trasnacionales.
Es así como evidenciamos el interés verdadero de las políticas de las IFIS y su incidencia en la política colombiana, y más drásticamente en la sociedad que ve reflejadas sus penurias en diferentes reformas económicas que atentan con los derechos de la sociedad.
A manera de conclusión… La deuda pública y el extractivismo, la locomotora en marcha para Colombia.
A través del presente escrito hemos observado como Colombia no sólo destina parte de su puesto para el pago de la deuda, el cual equivale al 22,6% del PGN, del cual 19 billones de pesos corresponden a pago de intereses y 29, 9 billones a amortizaciones, sino que además ha concentrado su economía en torno a la inversión extranjera, que en su mayoría se encuentra en el sector extractivista minero-energético.
Es así como vemos consolidada la locomotora actual en el país, correspondiente a la megaminería extractivista, la cual viaja sobre los rieles del sistema de la deuda, cuyos parámetros son impuestos por las IFIS, y que muy acomedidamente Colombia cumple por medio de la desfinanciación y privatización de los sectores que prestan los servicios públicos esenciales como lo hemos evidenciado últimamente en el sector de la salud y la educación.
Estamos viviendo en un momento en donde las noticias sobre el cambio climático son el pan de cada día, tuvimos que ver la crisis ambiental en el Casanare, la seguía en la Guajira, entre otras crisis de esta connotación. Es paradójico como en un país que está rodeado por grandes cuerpos de agua, tienen déficit en la prestación del servicio de agua potable, o como a pesar de la gran variedad de especies y de sector rural que tenemos, a diario miles de niños y familias mueren de hambre.
Estas condiciones solo nos llevan a pensar como se está orientando la política económica del país, que va determinando la construcción de las políticas públicas a nivel sectorial. Mientras seguimos en curos con la locomotora del extractivismo, nos acercamos a un abismo, si a un abismo que ha sido desdibujado mediante políticas públicas que tratan de ocultar el problema, recordemos el paro nacional agrario, el cual en estos momentos va a ser paliado por medio de la Ley de Financiamiento para el Agro, que no es más que incentivar el endeudamiento de las familias rurales para “el crecimiento” del sector agro.
Vamos a un abismo, en tanto ya está en discusión la implementación del fracking para explorar yacimientos de petróleo, y cómo no decir que se ocultan sus consecuencias, cuando el mismo presidente de Ecopetrol pone como ejemplo el “gran avance” que ha representado en Texas el fracking, por medio de una entrevista a RCN radio en donde dijo “"Deberíamos montarnos en un avión hacia EE.UU y veamos experiencias positivas y negativas. Yo los invito a que ustedes vean una torre de Fracking al lado de un hospital para ancianos", dijo al señalar que en Dallas (Texas) hay un ejemplo de éxito con el Fracking.”[16], y ¿qué representa un ejemplo de éxito? ¿Acaso la falta agua potable que afecta no solo el consumo de la población sino la actividad ganadera es un ejemplo éxito?
Y es que todo esto resulta de una cadena de hechos en tanto que la iniciativa para tramitar la licencia para exploración con fracking se da porque se necesitan nuevos pozos para seguir vendiendo petróleo en el mercado, puesto que como ya lo hemos mencionado anteriormente, Colombia es uno de los países de América Latina cuya economía depende de la comercialización de sus materias primas, y esta constituye una fuente de ingreso, y como recordamos en un principio mencionamos como el Gobierno ha entrado a tramitar la Ley de Financiamiento en tanto que no tiene recursos con que cumplir con algunas de las propuestas de campaña del recientemente reelegido presidente Juan Manuel Santos, y esto es consecuencia de esos fondos que son destinados a la deuda pública, puesto que es el compromiso primordial con el que cumple el gobierno, que si bien establece metas con las cuales sustenta la mayor inversión presupuestal para con esto saldar por completo las deudas, observamos como a su vez se requiere cada día de nuevo endeudamiento para poner en marcha nuevo proyectos, citemos como ejemplo la ejecución de las negociaciones de paz y su desarrollo de pos-conflicto, que a pesar de que este “nombrado” en el Proyecto de Presupuesto General, no está contemplado, entonces ¿con qué se va a financiar?, pues con nuevo endeudamiento, lo que generará mayores gastos, entonces el gobierno planteara una nueva reforma tributario que no soló desarrollará nuevo gravámenes o extenderá los antiguos, sino que por medio de leyes desarrollará su marco legal, a la vez que se darán recortes en inversión social y se dará lugar a más privatizaciones de servicios públicos, en tanto se abren más puertas con mejores oportunidades y gravámenes menos lesivos a las grandes multinacionales, que serían la salvación de la economía con sus grandes inversiones, pero que a la final recogen sus utilidades y las trasladan a sus países de origen, en donde al final seguimos debiendo, destruimos nuestro territorio, disminuyen los precios de las materias primas, recae nuestra economía, y surge así una nueva cadena.
En Colombia estamos sacrificando nuestro territorio para poder cumplir con las obligaciones de la deuda frente a las IFIS y los países acreedores, confiando ciegamente en la inversión extranjera, mientras destruimos nuestro ambiente y nuestra población. Es por esto que se hace necesario y se pone como un tema en el escenario, el debate en torno de la deuda pública porque si bien ha sido invisibilizado durante bastante tiempo, las estrategias de privatización y desfinanciación que adelanta el gobierno están poniendo de relieve los grandes porcentajes que se destinan a su pago.
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[1] La caracterización de “capitalismo tardío” elaborada por Ernest Mandel para describir las particularidades del capitalismo en los años posteriores a la segunda guerra mundial la utilizamos aquí en relación a una fase en la cual el sistema económico deja de ser un sistema progresivo de creación de fuerzas productivas y pasa a ser un sistema depredador que profundiza la explotación, la opresión y el despojo produciendo, además, grandes problemas socio-económicos y ecológicos.
[2] La ley de financiamiento ha sido propuesta por el Ministerio de Hacienda como una reforma tributaria que tiene como fin extender el GMF, es decir el 4x1000 –que constituye un impuesto a los movimientos financieros- durante el año 2014, e irlo disminuyendo para contar con una fuente de financiación que permita cumplir con los pactos que se realizaron para paliar las reivindicaciones de los movimientos campesinos y con el “Gran Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural”. Sin embargo esta no se limita a la reforma tributaria, sino que promueve la “reactivación” del campo colombiano por medio del fomento al crédito, es decir con base a nuevo endeudamiento sin barreras para este sector. Es decir que además de perpetuar el GMF que fue un “impuesto transitorio”, también se promueven prácticas de endeudamiento para este sector. Para profundizar esta información se puede acceder al documento oficial de debate de la presente ley, en el siguiente enlace: https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.camara.gov.co%2Fportal2011%2Fgestor-documental%2Fdoc_download%2F6524-ponencia-segundo-debate-pl-112-2013&ei=iAkiVO3cEcaTgwSw7oDYAQ&usg=AFQjCNHNC7B-W1WgPafU7oSt2OlUYFL83A&bvm=bv.75775273,d.eXY
[3] Realizada a partir de los datos presentados en los Proyectos de Presupuesto General de la Nación de los años 2014 y 2015. Disponibles en la página del Ministerio de Hacienda.
[4] LEY 1473 DE 2011 “Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones.” Artículo 5°. Regla Fiscal. El gasto estructural no podrá superar al ingreso estructural, en un monto que exceda la meta anual de balance estructural establecido. El déficit estructural del Gobierno Nacional Central no será mayor a 1% del PIB a partir del año 2022.
Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional seguirá una senda decreciente anual del déficit en el balance fiscal estructural, que le permita alcanzar un déficit estructural de 2,3% del PIB o menos en 2014, de 1.9% del PIB o menos en 2018 y de 1.0% del PIB o menos en 2022.
[5] El círculo de la dictadura del capital financiero, también llamada como el circulo vicioso de la deuda pública, es en donde se repiten los siguientes fenómenos: A partir de la creación o generación de endeudamiento, los países en un momento llegan a una crisis de pagos debido a los elevados costos que significa responder con su pago, para cumplir con dicho pago aplican una estrategia de privatización por medio de la cual puedan obtener ingresos para cumplir con los pagos, esta privatización genera una reducción de los salarios y del bienestar social puesto que los servicios que antes prestaba el Estado, ahora en manos de entes privados, elevan sus costos y reducen su accesibilidad a ciertos sectores de la sociedad, debido a esta necesidad social, los gobiernos solicitan nuevos préstamos para invertir en las sectores sociales, pero que con su pago serán quienes reduzcan su inversión.
[6] La sostenibilidad fiscal, que constituye un principio constitucional elevado a tal condición por medio del Acto Legislativo 003 de 2011, se encuentra en el artículo 334 de la carta constitucional y establece lo siguiente: “(…)a sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica. El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales.” Es así como observamos que por medio de la solicitud del incidente de impacto fiscal se pueden llegar a limitar las decisiones de los funcionarios judiciales.
[7] Inversión Extranjera Directa
[8] El documento completo puede observarse en el siguiente enlace: http://www.minhacienda.gov.co/irc/en/fiscalinformation/Marco-Fiscal-de-Mediano-Plazo-2014.pdf
[9] Extraído de: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014, p. 28
[10] Extraído de: Banco de la República, 2014, p. 12.
[11] Extraída de: Moreno R., Álvaro M “Economía colombiana: no tan bien como la pintan” 2012.
[12] Extraída de: DANE “Pobreza monetaria en Colombia: Nueva metodología y cifras 2002- 2010” https://www.dane.gov.co/files/noticias/Pobreza_nuevametodologia.pdf
[13] La fórmula la tomamos con un dólar con tasa de cambio de dos mil pesos colombianos, y contando con un mes de 30 días
[14] Datos extraídos de: DANE, “Comunicado de Prensa: Pobreza Monetaria y Multidimensional” 2013. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_13.pdf
[15] Elaborada a partir de los datos obtenidos en los informes de la Presidencia de la Republica y el DANE
[16] La entrevista se encuentra en el siguiente enlace: http://www.rcnradio.com/noticias/ecopetrol-tramitara-licencia-para-explorar-con-tecnologia-fracking-164277 “Ecopetrol tramitará licencia para explorar con tecnología Fracking”
